El Sindicato Solidaridad denuncia la última cesión del Gobierno de Sánchez al separatismo catalán: la imposición de la obligatoriedad del catalán en los servicios de atención al cliente de grandes empresas, incluso fuera de Cataluña y de manera discriminatoria hacia los trabajadores.

Junts y el Gobierno de PSOE y Sumar han acordado que miles de empleados en sectores estratégicos —energía, telecomunicaciones, transportes, banca o aseguradoras— tengan que formarse obligatoriamente en catalán, bajo la amenaza de quedar relegados o discriminados en sus puestos de trabajo.

Desde Solidaridad consideramos que esta medida es una imposición política que nada tiene que ver con la defensa de los derechos laborales ni de los consumidores, y que traslada los costes de los pactos políticos directa

See Full Page