El ministro de Seguridad, Luis Cordero, ha afirmado que el Gobierno cumplirá con las decisiones de los tribunales en relación a las demandas interpuestas por 659 funcionarios y exfuncionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) por un bono que no ha sido pagado. Esta situación ha llevado a los afectados a recurrir a diversas Cortes de Apelaciones para exigir el pago completo de sus haberes.

Entre los demandantes se encuentran exdirectores generales de la PDI, como Sergio Muñoz y Héctor Espinosa. En declaraciones realizadas este miércoles, Cordero explicó que "este es un asunto que tiene larga data, tiene muchos años, tiene un debate a propósito de un dictamen de la Contraloría". Además, subrayó que el Ejecutivo no puede tomar decisiones en este caso debido a que la litis está en curso.

El ministro lamentó que "los errores de cálculo en el tema de asignaciones que no son nuevas en nuestro país" han tenido consecuencias en el patrimonio fiscal. Cordero enfatizó la importancia de calcular correctamente las cuentas y asignaciones, ya que esto es fundamental para evitar problemas futuros.

La controversia se remonta a 2019, cuando la PDI anunció un cambio en el cálculo de la gratificación de zona para funcionarios en ciudades extremas. Este beneficio, que incrementa los haberes por laborar en zonas apartadas, fue suspendido y enviado a consulta a la Contraloría. En 2021, la Contraloría confirmó la corrección del método de cálculo, pero la PDI comenzó a pagar sin retroactividad, lo que llevó a la presentación de 659 recursos de protección.

Este conflicto tiene sus raíces en un error que se remonta a 1998, cuando no se incluyó correctamente la "Asignación de Especialidad de Grado Efectivo" en la base de cálculo. Hasta la fecha, 139 funcionarios y exfuncionarios han recibido pagos que superan los $996 millones, aunque muchos otros aún esperan una resolución. La PDI, por su parte, sostiene que existe un límite de retroactividad fijado en 2009, lo que continúa generando controversia entre los afectados.