La Vuelta Ciclista a España concluyó de manera abrupta el domingo, sin la esperada celebración. Una masiva manifestación pro-palestina en Madrid forzó a la organización a suspender la última etapa a unos 50 kilómetros de la meta. Más de 100.000 personas, según cifras del Gobierno, se congregaron en las inmediaciones de Gran Vía y Cibeles, exigiendo justicia por la situación en Gaza.

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto sanciones económicas que oscilan entre 3.000 y 4.000 euros para 17 individuos involucrados en las protestas que interrumpieron el desarrollo de la Vuelta en varias etapas. Estas multas también conllevan la prohibición de acceso a eventos deportivos durante un mínimo de seis meses.

Las sanciones son el resultado de expedientes abiertos por la Policía Nacional y la Guardia Civil, relacionados con incidentes ocurridos en la etapa 12, que tuvo lugar entre Laredo y Los Corrales de Buelna en Cantabria, así como en la etapa 14, de Avilés al Alto de la Farrapona en Asturias, y la etapa 15, que abarcó el trayecto de Aveiga a Monforte de Lemos en Galicia.

La situación ha generado un gran revuelo en el ámbito deportivo y social, dejando a los organizadores de la Vuelta y a los aficionados con un sabor amargo tras un evento que se esperaba culminar con una gran fiesta.