Hacienda prevé contactar con los grupos parlamentarios en los próximos días consciente de que Junts, Podemos e incluso ERC parten de posiciones que complican la posibilidad de un acuerdo
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El Gobierno no ha sido capaz de sacar adelante unos Presupuestos en los dos primeros ejercicios de la legislatura y no hay un solo indicio que apunte a que a la tercera irá la vencida. Al menos, no existe a día de hoy. La foto fija del Congreso dibuja en este arranque de curso a Junts alistado al bloque de oposición de PP y Vox para tumbar medidas estratégicas del Ejecutivo, a ERC encaramada a su exigencia de financiación singular como paso previo a cualquier negociación y a Podemos instalado en su discurso más duro contra Pedro Sánchez. Plenamente consciente de lo escarpado que será el trayecto, Hacienda se dispone a comenzar los contactos con los grupos en cuestión de días para negociar primero la senda de estabilidad, el paso previo a las cuentas. Porque la orden política de Moncloa es elaborarlas y presentarlas aunque ni siquiera se atisben los apoyos necesarios para que lleguen a ver la luz.
Los dos primeros años de mandato, ante la falta de apoyos, el Gobierno optó por evitar el fracaso parlamentario y ni siquiera iniciar el trámite. Pero esta vez será diferente y el proyecto de Presupuestos del Gobierno de coalición será presentado, aprobado en Consejo de Ministros y, posteriormente, remitido al Congreso. Un plan que tiene además un calendario prefijado y que cuenta con que sean aprobados en Consejo de Ministros antes de noviembre. Otra cosa será el trámite parlamentario posterior.
Las expectativas son tan pesimistas, sin embargo, que en las filas socialistas cuentan con que esa tramitación en el Congreso sea abortada antes de la previsible derrota final y que los Presupuestos no lleguen ni a votarse y puedan ser retirados si, como se espera, no se logra ahormar un respaldo que hoy parece utópico. En su comparecencia a la vuelta de vacaciones, el presidente del Gobierno advirtió que no sacar los presupuestos no implicaría la caída del Gobierno porque con las cuentas actuales, prorrogadas desde la pasada legislatura, el Ejecutivo puede sacar adelante sus objetivos políticos: la aplicación de políticas sociales y el crecimiento económico.
En el Ejecutivo asumen que los meses que están por venir supondrán “un desgaste” en cuanto a esa negociación presupuestaria, principalmente por la falta de predisposición de varios aliados clave. Hay quien interpreta en el PSOE que la postura de fuerza de partidos como Junts, ERC y Podemos puede resultar inamovible porque ni siquiera está sobre la mesa que la falta de Presupuestos implique la caída del Gobierno, un escenario que podrían temer esos mismos partidos a la hora de asumir responsabilidades antes sus respectivos votantes por hacer descarrilar la legislatura. Pero es el propio presidente quien ha dejado claro que su continuidad en la Moncloa no depende de sacar o no adelante las cuentas.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) es el único que, de momento, ha confirmado una próxima reunión con el Gobierno para abordar la negociación sobre los presupuestos. Lo confirmó este miércoles en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso la portavoz jeltzale, Maribel Vaquero, que avanzó que el encuentro se producirá esta misma semana. “Vamos a mantener las primeras reuniones por los presupuestos. Estos días, esta semana, ya vamos a empezar a hablar, a tener las primeras reuniones. No puedo adelantar nada más”, dijo.
En el grupo parlamentario no quieren dar más detalles sobre esa cita, aunque los contactos se producirán después de un acuerdo con el Gobierno importante para el PNV, como es el traspaso a Euskadi de las competencias para las prestaciones contributivas y el subsidio de desempleo. “Es una buena noticia para todos los vascos y vascas y se cumple parte del Estatuto de Autonomía y parte del pacto de investidura que teníamos acordado con el PSOE”, añadió Vaquero este miércoles.
El cumplimiento de los acuerdos de investidura es una variable muy importante para los socios del Gobierno, especialmente para formaciones independentistas como Esquerra Republicana y Junts, que condicionan directamente las negociaciones presupuestarias con el compromiso de los acuerdos con los que el PSOE amarró la investidura de Pedro Sánchez. Los republicanos no quieren siquiera sentarse a la mesa si los socialistas no garantizan antes el cumplimiento de las cuestiones principales de aquel pacto.
La pata más importante de esos acuerdos es la financiación singular para Catalunya. El Gobierno y la Generalitat dieron pasos el pasado julio en esta dirección con un acuerdo para un nuevo modelo de financiación que será extrapolable a todo el Estado y que implica, entre otros asuntos, que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) pueda acabar recaudando todos los tributos. Pero este acuerdo fue tildado de decepcionante por el líder de ERC, Oriol Junqueras, que cree que faltan muchas concreciones, por ejemplo, acerca del funcionamiento del IRPF.
En el partido ven difícil además que esta negociación sea posible mientras la ministra de Hacienda siga en el Gobierno, a las puertas de una campaña electoral en Andalucía. Y sin un acuerdo concreto en este aspecto, descartan incluso sentarse a negociar con el Ejecutivo, que, según indican, ya ha intentado contactarles para sondear sus prioridades de cara a esa negociación presupuestaria.
Sin contactos con los principales escollos
El Gobierno, sin embargo, no ha contactado todavía con los dos partidos que previsiblemente más duro van a negociar estas cuentas públicas. Tanto Junts como Podemos niegan cualquier tipo de contacto en esta línea. El partido de Ione Belarra se queja, además, de que lo único que han sabido sobre las cuentas públicas son titulares en la prensa y advierte de que eso es un mal indicador sobre el estado de las negociaciones.
“Cero, no nos han contactado, nada de nada”, resumía una fuente de Junts el estado de las negociaciones esta misma semana. Los independentistas catalanes insisten en que van carpeta a carpeta en sus relaciones con el Gobierno, como muestra el acuerdo alcanzado este mismo martes en el marco de la ley de atención a la clientela para blindar el uso de las lenguas oficiales en las llamadas al consumidor. Pero para las negociaciones presupuestarias es imprescindible que avancen los llamados acuerdos de Bruselas que desbloquearon la investidura, apuntan, y que hoy por hoy pasan por la aplicación completa de la ley de amnistía, para que Carles Puigdemont pueda volver a España, y el uso de las lenguas oficiales en la Unión Europea.
A ese punto se refirió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control de este miércoles, en respuesta a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que le preguntaba sobre la continuidad del Ejecutivo. “Estamos cumpliendo los acuerdos de Bruselas, el impulso de las lenguas cooficiales en el Estado y en Europa. Nos queda trabajo: contamos con el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía y esperamos que se pueda aplicar a todas las personas que se vieron involucradas [en el procés]”, defendió el líder socialista.
Al menos igual de complicada resultará la negociación con Podemos para estas cuentas públicas, porque el PSOE ahora mismo ve inasumibles algunas de las condiciones que han puesto los de Belarra para hablar de esos presupuestos: romper relaciones con Israel, no incrementar el gasto militar y bajar un 40% los alquileres.
“El problema es cuando los grupos no quieren hablar de materias que tienen que ver en particular con los presupuestos o plantean cosas imposibles, como bajar un 40% los alquileres. Para mí eso es lo mismo que decir que no quieres negociar, si pudiera bajarlos ya lo habría hecho”, sostiene un miembro del Gobierno que no obstante no se resigna a tratar de encauzar esa negociación y “rebajar ese imposible”.