El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, presentó una propuesta innovadora ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso. Su objetivo es implementar el uso de grilletes electrónicos como alternativa a la prisión efectiva para personas condenadas por delitos leves. Esta medida busca aliviar el hacinamiento en los penales peruanos, un problema crítico que afecta al sistema penitenciario del país.

Actualmente, solo 60 personas están bajo vigilancia electrónica. Para ampliar este número, el INPE solicitó un presupuesto adicional de 6 millones de soles al Ministerio de Economía y Finanzas, pero esta solicitud fue desestimada. Paredes enfatizó la necesidad de coordinar con el Poder Judicial para que los jueces puedan ordenar el uso de grilletes electrónicos en lugar de enviar a los condenados a prisión. "Nos hemos propuesto, junto con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, tener las conversaciones necesarias con el presidente del Poder Judicial y los presidentes de las cortes superiores de los distritos judiciales, para que el juez ordene que se imponga vigilancia electrónica en lugar de prisión efectiva en casos de delitos leves", declaró.

Además, Paredes anunció la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón, en el Callao, destinado a albergar a los criminales más peligrosos del país. Este penal contará con estrictas medidas de seguridad para evitar fugas y comunicación con el exterior. "El Frontón será una cárcel para que los criminales más peligrosos del país no tengan ninguna opción de comunicación con el exterior ni posibilidades de fuga. Este es un tema de seguridad nacional y no de deshacinamiento", puntualizó.

El INPE también está trabajando en la reestructuración del sistema penitenciario. Se han intensificado las requisas en los penales para mejorar la seguridad y se han implementado programas de resocialización. Actualmente, 28,559 internos participan en talleres de producción y comercialización, y 16,954 reclusos están matriculados en programas educativos.

Paredes destacó la urgencia de aprobar la Ley de la Carrera Penitenciaria, que lleva 15 años sin avances. "Hay agentes que ganan mil soles desde hace 20 años, además necesitan un seguro que cubra situaciones de atentado fuera del recinto penitenciario como producto de una venganza por su labor", concluyó. La implementación de estas medidas podría marcar un cambio significativo en la gestión del sistema penitenciario en Perú.