El Ministerio de Igualdad perdió el acceso a todos los datos históricos de las órdenes de alejamiento por maltrato anteriores al 20 de marzo de 2024. La Fiscalía General del Estado ha alertado de que esta anomalía en las pulseras antimaltrato está provocando « una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios » al carecer del elemento probatorio necesario para formular acusaciones por quebrantamiento de medidas de alejamiento.

Según fuentes especializadas consultadas por OKDIARIO, el problema radica en que Irene Montero adjudicó el contrato a una gran empresa de telefonía española que subcontrató el software a una empresa israelí. Lo hizo cuando era ministra de Igualdad.

Esta compañía, por motivos de seguridad, encriptó todos los datos de los expedientes. En 2024 se adjudicó el servicio a otra gran teleoperadora nacional, pero a la hora de traspasar los datos anteriores han surgido innumerables problemas .

La Fiscalía ha documentado en su memoria correspondiente a 2024 «múltiples fallos » detectados con estos dispositivos telemáticos de pulseras antimaltrato. El Centro Cometa, encargado de la monitorización, ha informado «reiteradamente» a los juzgados que no pueden facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos.

Esta anomalía produce consecuencias tanto en la fase de instrucción ante los juzgados de Violencia sobre la Mujer como en la fase de enjuiciamiento . En el juzgado de lo Penal «se impide que el legal representante del centro de control pueda responder a las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada», lo que «en muchos casos, aboca a una sentencia absolutoria».

Las fiscalías de Madrid, Gerona, Granada y Tenerife han alertado específicamente de « problemas de descarga de la información del anterior proveedor de servicios». Además, avisaron a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género «para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas».

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha admitido que se detectaron «algunas incidencias técnicas» durante el cambio del contrato de la gestión de las pulseras antimaltrato. «Había dos empresas y en ese cambio entre una empresa y otra se detectaron varios problemas puntuales que fueron resueltos inmediatamente», ha explicado en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso.

Víctimas en la indefensión

El centro de control Cometa comunica a los juzgados que « tan pronto se disponga de la información solicitada será remitida». Sin embargo, la Fiscalía de Madrid defiende en su memoria que «se tiene constancia que no ha sido resuelto» . Ante la petición de una previsión temporal, la respuesta resulta desalentadora: «Este Centro de control desconoce cuándo pueda quedar solventada la situación mencionada».

Varias fiscalías provinciales han alertado de «lo gravoso» que resulta para las víctimas la comunicación de incidencias reiteradas, «con la consiguiente inseguridad y trastorno en su vida diaria». Algunas víctimas han llegado a «comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos» ante los continuos errores del sistema.

La Fiscalía también advierte que los equipos son sustituidos «con cierto retraso » y que Cometa remite incidencias «cuando han sido los propios usuarios los que han dado aviso de fallos en los aparatos».

Pulseras defectuosas

La responsabilidad última sobre el sistema de las pulseras antimaltrato recaía en Irene Montero en el momento en que se produjo la licitación y adjudicación defectuosa. En julio de 2021 , Noelia Vera firmó los pliegos de la contratación inicial, mientras que en julio de 2023 , Ángela Rodríguez Pam hizo lo mismo con los pliegos técnicos de la nueva licitación.

El Ministerio adjudicó a una Unión Temporal de Empresas un contrato de 42,6 millones de euros para la gestión del servicio en los ejercicios 2024, 2025 y 2026. A fecha 31 de diciembre de 2024, el número de dispositivos activos era de 4.595, sólo 47 más que el año anterior, para un universo de 100.000 casos de violencia de género en seguimiento activo.

El sistema de seguimiento telemático ha experimentado un menor coste por aparato instalado. Mientras en el contrato anterior (2021-2023) costaba aproximadamente 596 euros mensuales por dispositivo para unos 2.200 dispositivos activos, el actual (2023-2025) cuesta sólo 390 euros mensuales por dispositivo para unos 3.000 dispositivos activos de media, lo que representa una reducción del 35% en el coste unitario.

Trabajadoras del centro Cometa han denunciado múltiples fallos técnicos, desde la congelación de la ubicación de agresores durante horas hasta imprecisiones geográficas por errores en el GPS.

Ana Redondo ha querido mandar un mensaje de tranquilidad. Ha defendido que «el sistema funciona, funciona mejor», y ha asegurado a las mujeres qu e «están a salvo». «Es un tema pasado de noviembre, diciembre de 2024. Se resolvió y ahora afortunadamente el sistema funciona y funciona mucho mejor que antes», sostiene.

Sin embargo, abogados del ramo y la Fiscalía mantienen que los problemas persisten, a pesar de las declaraciones del Ministerio de Igualdad, que defiende las pulseras antimaltrato porque quiere que las mujeres confíen en ellas y no se las retiren. La situación deja a miles de víctimas en una vulnerabilidad manifiesta , mientras los datos encriptados permanecen parcialmente inaccesibles en los servidores de la empresa israelí, creando un limbo judicial que beneficia a los maltratadores .