La Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia, una organización de víctimas de segundo nivel, que, según su descripción, representan a más de 260 OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil), y que son acreditador por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), alegó una posible falta de garantías en contra de las víctimas, tras la sentencia que sanciona restaurativamente a ocho exsecretarios de las Farc.

Según la denuncia, que se está divulgando con fuerza en las redes sociales, la sentencia condenatoria —Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.001- 2025—, indirectamente deja con menos recursos a las víctimas para mostrar su desacuerdo con la polémica sanción, que no incluyó cárcel para los responsables de distintos crímenes.

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