Aestas alturas de la legislatura hay pocas dudas de que los nacionalistas catalanes han decidido convertirla en una especie de carrera de obstáculos que Pedro Sánchez está obligado a superar para mantener su precaria y agujereada mayoría parlamentaria. A veces estos escollos afectan a aspectos fundamentales de la arquitectura democrática, como en el caso de la amnistía; otras, comprometen el papel de España en la comunidad internacional, como el fracasado empeño de convertir el catalán en lengua oficial de la UE, y algunas parecen meras ocurrencias, paridas por una mente retorcida sin otro objetivo que ver humillado al Gobierno. Es lo que sucede ahora con la pretensión de que cualquier empresa española que rebase unos bajos límites de facturación y plantilla esté obligado a atender en cata

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