Una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación permitió revelar la existencia de una red dedicada a la explotación infantil en Medellín, Antioquia.

Según el ente acusador, el grupo se dedicaba a instrumentalizar a menores indígenas para obligarlos a ejercer la mendicidad en parques y espacios públicos de la ciudad.

Como resultado de las pesquisas, siete personas fueron presentadas ante un juez penal de Control de Garantías, donde se les imputaron los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores con fines de mendicidad. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Entre los implicados se encuentra Ana Lucía López Sánchez, junto a seis ciudadanos de nacionalidad venezolana: Milagros del Valle Siria, Wilfredy Johan Godoy Villamizar, Nahomi Karlais López G

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