Un tribunal especial colombiano, perteneciente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sentenció a 12 ex soldados a cumplir ocho años de trabajos de reparación por su participación en ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, ocurridas entre 2002 y 2005. Estas personas engañaron a civiles con falsas promesas laborales, para asesinarlos y presentar los casos como muertes en combate, con el fin de obtener beneficios militares. Algunas víctimas eran indígenas o personas con discapacidad intelectual. El fallo también obliga a los condenados a trabajar en seis proyectos de reparación, que incluyen infraestructura en comunidades indígenas y acciones de memoria histórica

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