Este viernes, el Gobierno de Trump instó a la Corte Suprema a retirar las protecciones contra la deportación que se habían concedido a unos 300.000 venezolanos que viven en Estados Unidos, y acusó a un tribunal inferior de cometer una “afrenta innecesaria” al fallar en sentido contrario.

El caso se refiere a la decisión tomada a principios de este año por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin a una forma de ayuda humanitaria conocida como estatus de protección temporal (TPS) para los migrantes venezolanos.

Pero también plantea cuestiones más amplias sobre cómo los tribunales, incluida la Corte Suprema, están lidiando con el ritmo de apelaciones de emergencia que están siendo impulsadas por el segundo mandato de Trump.

La última apelación de última hora ante la C

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