Agregó que «el secretario de Acción Social pedía 1.600 cajones de pollo, y cada uno hacía su aporte necesario para que el expediente avanzara, pero eran licitaciones por mercadería ya entregada».

«Es de una enorme gravedad por la afectación al patrimonio municipal», además «porque ese plan era para personas vulnerables con diabetes, desnutrición, obesidad, asma, menores y adultos mayores. El alimento nunca llegó y ni siquiera había un listado de quiénes eran esos beneficiarios», acotó la funcionaria judicial.

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