LAS PRIMERAS sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc por al menos 21.396 secuestros, generaron polémica porque para muchos no corresponden a lo que el Acuerdo de Paz establece sobre el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación.

También hay reparos por la forma como se cumplirán estas sentencias porque algunos consideran que no hay claridad sobre cómo dos de los siete sancionados que son senadores (Julián Gallo y Pablo Catatumbo) materializarán la obligación que tienen de realizar proyectos restaurativos, incluidos aquellos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, recuperación ambiental y desminado humanitario.

Así mismo, está por deter

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