Según publica Vozpópuli , la Policía Nacional investiga una nueva filtración masiva de datos personales que afecta directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a altos cargos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Ministerio del Interior . Entre los datos comprometidos se encuentran nombres, direcciones y números de DNI , no solo de miembros del Ejecutivo, sino también de familiares cercanos del presidente y políticos de todos los partidos.

La exfiltración, difundida en canales de Telegram y foros de la dark web , constituye un nuevo episodio de vulnerabilidad institucional sin precedentes en la historia reciente de la democracia española.

Esta brecha de seguridad ocurre apenas dos meses después de la detención de otros jóvenes implicados en una filtración similar que afectó a Sánchez y nueve de sus ministros. La reincidencia evidencia la incapacidad del Gobierno para garantizar la protección de la información más sensible del Estado .

Un Estado sin blindaje: el Gobierno expuesto

La filtración incluye información relativa a Esperanza Casteleiro , directora del CNI, y al comisario Eugenio Pereiro Blanco , antiguo responsable de la Comisaría General de Información. No estamos ante una gamberrada digital: se trata de una amenaza directa contra la seguridad nacional.

Desde el canal de Telegram SpainData , el autor de la filtración —con el pseudónimo N4T0X — justificaba su acción como una advertencia política , alegando corrupción y falta de ayudas como detonantes. Este mensaje, publicado también en la dark web, pone de manifiesto la dimensión ideológica y subversiva de este tipo de ciberataques.

Las fuerzas de seguridad creen que esta filtración es una represalia contra las investigaciones lideradas por el CNI y la Comisaría de Información , lo que abre un escenario aún más grave: los servicios de inteligencia están siendo atacados por grupos digitales que operan con absoluta impunidad .

Gobierno reactivo, no preventivo

Lo preocupante no es solo que los datos del presidente y de los responsables de seguridad nacional se hayan filtrado; lo verdaderamente alarmante es la nula capacidad de anticipación que demuestra el Gobierno ante este tipo de amenazas. El Ejecutivo reacciona siempre tarde , con investigaciones que llegan cuando los datos ya circulan libremente por redes clandestinas.

La ciberseguridad del Estado no puede seguir dependiendo de equipos políticos improvisados, adjudicaciones opacas y falta de inversión estratégica . Mientras se destinan millones a campañas ideológicas, la infraestructura digital que protege a nuestras instituciones queda en segundo plano .

Una amenaza con consecuencias geopolíticas

La difusión de estos datos no afecta solo a la esfera nacional. Servicios de inteligencia aliados como la CIA, el MI6 o la DGSE francesa ven con creciente desconfianza la fragilidad del sistema español , lo que podría traducirse en una pérdida de cooperación, información compartida o incluso marginación en operaciones conjuntas de seguridad internacional.

En un contexto de creciente tensión global —con guerras en curso, amenazas híbridas y redes de desinformación—, la debilidad española se convierte en una grieta por donde puede colarse el enemigo .