La Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para la Inclusión Social tomó la decisión de abrir investigación en la Unidad para las Víctimas, para esclarecer presuntas irregularidades, luego de que SEMANA denunciara aparentes inconsistencias en la entidad.

Documentos y testimonios en poder de esta revista dan cuenta de presuntas presiones a contratistas para inflar costos. Además, se cuestionan las compras con comunidades indígenas en medio de la gira de la Unidad por el país, los aparentes salarios injustificados y posibles excesos en viáticos.

Versiones recogidas por este medio pondrían en evidencia una posible estrategia de las directivas para aceitar las elecciones del próximo año con los recursos públicos. La lupa está puesta sobre un clan político de Santander, li

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