La administración bonaerense encaró en los últimos años un giro en la manera de recaudar impuestos en la provincia de Buenos Aires. El eje estuvo puesto en modificar la lógica de los regímenes de retención de Ingresos Brutos, que durante más de una década generaron un problema estructural: un stock cada vez más elevado de saldos a favor que inmovilizaban capital de trabajo en empresas, comercios y pymes.

Según datos de ARBA, al inicio de la gestión de Axel Kicillof, los saldos acumulados equivalían a tres meses de recaudación de Ingresos Brutos, un nivel que asfixiaba financieramente al sector privado. La devolución de esos montos demoraba entre cinco y seis años, lo que derivaba en reclamos interminables y en que el 60% de la capacidad de fiscalización del organismo se consumiera en trám

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