Un testimonio de un testigo protegido ha complicado la situación de Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia de Perú. Según la declaración, Santiváñez habría intervenido para que Miguel Marcelo Salirrosas, conocido como "El Diablo", condenado a 27 años por su vinculación con la organización criminal "Los Pulpos", permaneciera más tiempo del permitido en el penal El Milagro, en Trujillo.

El testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, afirmó que Salirrosas estaba aislado en una celda de meditación, donde por ley solo puede estar tres meses. Sin embargo, el interno llevaba ya siete u ocho meses en ese régimen. "El doctor Santiváñez ya había conversado con el presidente del INPE, Javier Llaque, para que no lo muevan", declaró el testigo. Además, el director del penal, Carlos Franco Medina, le habría informado a Salirrosas que contaba con un "buen padrino".

Se ha difundido una grabación en la que un exministro del Interior menciona haber escrito al entonces jefe del INPE. En la grabación se escucha: "Señito, ya le escribí al señor Llaque, ya al presidente del INPE nuevamente. Le he pedido. A ver, esperemos, a ver, por favor". Javier Llaque, consultado sobre el caso, se negó a dar detalles, argumentando que hay una investigación en curso.

El 12 de agosto de 2025, la situación de Salirrosas cambió drásticamente. Según el INPE, se encontraron en su celda tres objetos prohibidos: un USB, una radio y un cargador. Emilio Paredes, jefe del INPE, aseguró en el Congreso que estas faltas disciplinarias graves motivaron su traslado inmediato al penal de Cajamarca, donde actualmente cumple un régimen cerrado especial. Este traslado se realizó en ambulancia y bajo estricta reserva.

Familiares de Salirrosas han denunciado que el traslado es una represalia por su testimonio y las investigaciones sobre tráfico de influencias en el actual gabinete. Desde su llegada a Cajamarca, se ha informado que "El Diablo" ha sido víctima de al menos dos enfrentamientos violentos con otros internos en menos de un mes, lo que ha generado preocupación por su seguridad.

El dominical también ha señalado a Edwar Rebaza Iparraguirre, quien fue asesor legal del Ministerio de Justicia durante la gestión de Santiváñez. Rebaza ha negado cualquier participación en el caso, afirmando que siempre se ha regido por la legalidad.

Por su parte, el INPE ha emitido un comunicado en el que sostiene que el traslado de Salirrosas se debió a faltas disciplinarias graves, incluyendo la posesión ilegal de artículos prohibidos y agresiones verbales hacia el personal femenino. Además, el INPE ha negado que Salirrosas haya recibido un trato hostil, asegurando que ingresó en óptimas condiciones de salud y no ha denunciado agresiones.