Una investigación periodística y denuncias públicas han puesto en el ojo del huracán a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Unidad para las Víctimas) luego de que se revelara la adjudicación de contratos por alrededor de 19.000 millones de pesos en apenas dos meses, un volumen de contratación que, según fuentes y documentos citados por la prensa, habría coincidido con nombramientos y movimientos de personal ligado a un grupo político identificado con un senador cercano al Gobierno. La historia ya activó la atención de los organismos de control y desató un debate político y público sobre la gestión de una entidad que maneja recursos sensibles para la reparación de víctimas del conflicto armado.
Qué dice la investigación
La revista Semana publicó un informe en e