El presidente Gustavo Petro ha reabierto un debate candente al nombrar a 16 exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz. Esta decisión se formalizó con la firma de la Resolución 327 de 2025, justo antes de su viaje a Nueva York. Entre los designados se encuentran figuras notorias como Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez Naranjo (Macaco), Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40) y Hernán Giraldo Serna (El Señor de la Sierra).

Estos exjefes paramilitares han sido acusados de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo homicidios, desapariciones forzadas y narcotráfico. El Gobierno argumenta que el objetivo de esta medida es promover la verdad, la reparación a las víctimas y asegurar que estos crímenes no se repitan. El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó: "Lo que buscamos es que estos actores del conflicto ayuden a reconstruir el tejido social, reparen a las víctimas, digan la verdad y contribuyan a una verdad judicial".

La resolución también establece la creación de un comité técnico que coordinará las acciones necesarias para evaluar el diálogo en el marco de la política de "paz total". Este comité estará compuesto por representantes del Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y la Consejería de Paz. Los gestores de paz deberán firmar un plan de trabajo que defina sus actividades para contribuir a la reparación de las víctimas.

Benedetti también respondió a las críticas, sugiriendo que quienes cuestionan la medida lo hacen por miedo a lo que pueda revelarse. "A quien cuestione esta resolución, lo acuso de tenerle miedo a la verdad o incluso de ser cómplice de lo que ha pasado en este desastre de país", expresó.

Esta decisión se produce tres meses después de que los mismos exjefes paramilitares renunciaran a sus roles debido a diferencias con la Oficina del Alto Comisionado de Paz. En ese momento, argumentaron que las designaciones se habían convertido en un gesto simbólico sin compromiso real. Sin embargo, el presidente Petro ha decidido reactivar sus funciones, buscando cerrar el proceso de desmovilización que comenzó en 2003.

La figura de los gestores de paz, que permite a exintegrantes de grupos armados ilegales participar en procesos de reconciliación, ha sido objeto de controversia. Con esta nueva resolución, el Gobierno busca avanzar en la política de "paz total" y cerrar formalmente el capítulo de las AUC.