¿Qué pasó?

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra siete empresas procesadoras de centolla en la Región de Magallanes y ocho de sus ejecutivos, acusándolos de haberse coludido entre 2012 y 2021 para fijar los precios de compra del recurso extraído por pescadores artesanales.

La FNE solicitó aplicar multas por un total de 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a unos US$ 54 millones ($51.870 millones), a las compañías involucradas. A los ejecutivos se les atribuye responsabilidad directa, por lo que se piden sanciones adicionales de 511 UTA (aproximadamente US$ 445 mil).

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