La Audiencia Provincial de Badajoz ha decidido que se celebre un juicio oral en el caso Azagra, que involucra a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Esta decisión se produce tras la evaluación de los recursos presentados por los once imputados y la Fiscalía, quienes solicitaban la absolución en este procedimiento. Se investiga si la Diputación de Badajoz contrató a David Sánchez como coordinador de actividades musicales en 2017 y si, posteriormente, este favoreció a su colaborador, Luis Carrero.

Los magistrados se reunieron el 15 de septiembre para deliberar y concluyeron que existen suficientes indicios de delito para proceder con el juicio. Esta decisión reafirma la resolución de la instructora Beatriz Biedma, quien ya había decretado la apertura del juicio oral antes del verano. Los recursos se centraron en una resolución anterior que transformó la instrucción en un procedimiento abreviado, dejando a varios implicados al borde del banquillo, incluyendo a Miguel Ángel Gallardo Miranda, secretario general del PSOE extremeño.

El caso involucra a un total de diez personas, entre ellas, los últimos diputados de Cultura y funcionarios de Recursos Humanos de la Diputación. Se les imputan delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, con penas que pueden alcanzar hasta tres años de prisión e inhabilitación de hasta 15 años, además de multas.

La investigación se inició tras una denuncia de la asociación Manos Limpias en la primavera de 2024, a la que se sumaron otras organizaciones y partidos políticos como Vox y el PP. Las denuncias iniciales incluían el presunto enchufe de David Sánchez, su absentismo laboral y un supuesto incremento patrimonial. Aunque algunas acusaciones fueron desestimadas, otros detalles han emergido como centrales en el caso, como la legalidad de la modificación del puesto de David Sánchez en 2022 y su posible influencia en la contratación de Luis Carrero.

David Sánchez dejó su puesto en la Diputación a principios de febrero de este año, y el juicio se llevará a cabo en la Audiencia Provincial, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura desestimara el intento de Gallardo de ser juzgado en un tribunal superior debido a su reciente condición de diputado regional.