El independentismo catalán, lejos de desaparecer tras el “procés” de 2017, ha evolucionado hacia nuevas formas de presión política y social que, según analistas y fuentes judiciales, se han vuelto más peligrosas para España.

Expertos advierten de que el movimiento no solo mantiene su capacidad de movilización, sino que ahora opera con un mayor grado de sofisticación mediática y digital . El uso intensivo de redes sociales, campañas de desinformación y contactos internacionales ha ampliado el alcance de sus mensajes, dificultando la respuesta institucional.

En el plano político, la constante judicialización del conflicto —con la amnistía, los recursos ante el Tribunal Supremo y las apelaciones a instancias europeas— mantiene un escenario de inestabilidad que condiciona la gobernabilidad

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