Entidades sociales como Cesida, Apoyo Positivo o Médicos del Mundo, entre otras, denuncian “un preocupante desmantelamiento progresivo del compromiso político y económico por parte de la Comunidad de Madrid” mientras, aseguran, viven una “situación límite” por el “repunte de prácticas de riesgo y el aumento de infecciones de transmisión sexual ”. En un manifiesto remitido a la Dirección General de Salud Pública y la Consejería de Sanidad, las asociaciones exigen una reunión con esta última para encontrar soluciones que puedan “garantizar la viabilidad, eficacia e impacto de la respuesta comunitaria frente al VIH, las ITS y la atención de los colectivos vulnerables”. 

Según datos de Madrid Salud, la cifra de personas admitidas a tratamiento por 'chemsex' ha escalado desde los 50 de 2017 a 512 en 2022. Los últimos datos reflejan que el 99,1% de los atendidos son hombres. Las ITS no han dejado de aumentar en España en las últimas décadas, según el Ministerio de Sanidad . Desde el inicio de los 2000, se observa un aumento en la incidencia de infecciones de ITS como la gonorrea, la sífilis y la clamidia, especialmente en hombres jóvenes.

“Las entidades comunitarias nos encontramos ante una tormenta perfecta: aumento de la demanda social, complejidad creciente de las situaciones que abordamos y una drástica reducción o ausencia de financiación pública para sostener nuestros programas. Esta situación puede comprometer la respuesta comunitaria del VIH en la región”. El chemsex o sexdopaje —el uso intencional de drogas, principalmente metanfetamina, GHB/GBL y mefedrona en largas sesiones de sexo— es uno de los fenómenos crecientes que, según señalan las asociaciones, carece de una respuesta adecuada: se entrelazan “consumo de sustancias, prácticas sexuales en grupo, exclusión social, y violencia sexual o psicológica, todo ello en ausencia de dispositivos públicos preparados para abordarlo integralmente”.

Señalan que los recursos públicos de la Comunidad de Madrid destinados a estas dos cuestiones —prevención del VIH y atención a usuarios de chemsex— “han sido, en el mejor de los casos, residuales y, en el peor, inexistentes”. Reyes Velayos, presidenta de Apoyo Positivo, explica que desde 2018 el presupuesto que dedica la comunidad a este tipo de proyectos no ha subido de los 500.000 euros. Sin embargo, desde entonces el número de asociaciones ha incrementado, por lo que deben repartir esa dotación entre más entidades resultando en que se reduzcan notablemente las cuentas de cada una. Por ejemplo, los 30.000 euros que recibía Apoyo Positivo en años anteriores, ahora se reducen a 18.000 euros, según asegura Velayos. 

“Los profesionales comunitarios están desbordados”

Además, por el convenio de acción e intervención social, deben afrontar estos recortes presupuestarios mientras incrementan los salarios del personal sociosanitario que trabaja para las asociaciones: hasta un 12% en los últimos 10 años. A esta disminución de fondos se le suma la situación de precariedad que denuncian en el manifiesto: los equipos profesionales comunitarios “se encuentran desbordados en las tareas de gestión, coordinación e intervención dentro de los programas, asumiendo tareas y recepción de casos por encima de los objetivos e indicadores presupuestarios en los proyectos, ya que no hay una respuesta eficaz desde la administración pública”, dicen.

Aunque en años anteriores las asociaciones podían presentar ante la administración un número ilimitado de proyectos que quisieran realizar, ahora, denuncia Velayos, sólo tienen permitido presentar un máximo de tres. En el caso de apoyo Positivo, esta restricción les ha llevado a sacrificar un proyecto de sensibilización sobre chemsex, una práctica que, de hecho, fue declarada como problema de salud pública en Madrid en 2017. 

Otra de las cuestiones que critican son las “barreras administrativas y burocráticas” que dificultan el acceso a los programas de prevención y atención de ITS a los colectivos más vulnerables como las personas migrantes , así como la “falta de información y formación de los profesionales sanitarios de atención primaria y de urgencias médicas” en distribución de tratamientos preventivos contra el VIH para personas en riesgo de contraerlo como la PrEP (profilaxis preexposición).  

“La invisibilización del VIH en la agenda política madrileña no sólo perpetúa el estigma, sino que vulnera los derechos fundamentales de quienes viven con el virus y de aquellas personas que se encuentran en situación de riesgo”, añade el comunicado.