La Corte Constitucional alertó sobre un bajo nivel de cumplimiento en las órdenes emitidas para garantizar el acceso a medicamentos en el país, en el marco de la sentencia T-760 de 2008. Según la Sala Especial de Seguimiento, persisten obstáculos estructurales que afectan a miles de pacientes, pese a que no se ha declarado desabastecimiento general.

El alto tribunal identificó que las deudas acumuladas entre los distintos actores del sistema de salud, que ascienden a $4,1 billones en el caso de 14 gestores farmacéuticos, han limitado la entrega oportuna de fármacos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Esta situación, sumada a problemas administrativos y falta de flujo de recursos, ha derivado en un incremento sustancial de tutelas.

Entre enero de 2023 y diciembre de 2024 la

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