El pasado 11 de agosto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC. Ochocientos efectivos de esa fuerza militarizada recibieron la instrucción de “restablecer el orden público”. Trump advirtió, asimismo, sobre la posible movilización de integrantes de las fuerzas armadas.

Para esta medida, a diferencia de lo ocurrido en Los Ángeles tres meses atrás, Trump invocó la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia. La norma contempla, en su Sección 740, una cláusula que autoriza al primer mandatario a asumir el control del Departamento de Policía Metropolitana del distrito “con fines federales” y “en condiciones especiales de emergencia”.

La decisión adoptada resulta problemática por una serie de razones. En primer lugar, la ci

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