C ANCÚN, MX.- Estados de la república como Quintana Roo, “donde el dinamismo económico depende de la seguridad jurídica”, podrían verse severamente afectados en caso de que entre en vigor la reforma a la Ley de Amparo que propuso la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Así lo consideró María Jovita Portillo Navarro, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Quintana Roo, al advertir que algunas de las modificaciones propuestas no solo podrían debilitar gravemente el juicio de amparo —un pilar histórico del Derecho en México—, sino afectar “la inversión, el empleo y la confianza en las instituciones”.

“El amparo ha sido clave para frenar abusos, proteger derechos y dar certeza legal. Por eso, desde Coparmex Quintana Roo, solicitamos que cualquier cambio se haga con diálogo, apertura y con la mirada en fortalecer, no debilitar, el Estado de Derecho en México”, manifestó Portillo Navarro, mediante un comunicado publicado este lunes.

Por su parte, Coparmex, a nivel nacional, informó que solicitó formalmente participar en las mesas de trabajo que el Senado de la República está organizando para analizar las reformas a la Ley de Amparo.

Consideró además que la iniciativa de reforma propone que solo quien pueda demostrar una afectación directa pueda promover un amparo, eliminando la posibilidad de presentar casos de interés colectivo.

“Esto reduce los efectos generales de las sentencias y convierte un mecanismo de protección que beneficiaba a toda la sociedad en un recurso individual que deja en mayor vulnerabilidad a ciudadanos, emprendedores y empresas”, añade, mediante un comunicado.

La confederación señaló que las reformas también restringen la suspensión de actos de autoridad, el único recurso que evita daños irreparables mientras se resuelve un juicio.

“Esto dejaría a los ciudadanos expuestos a decisiones que podrían aplicarse de inmediato y sin control, generando criterios contradictorios y mayor inseguridad jurídica”, agrega.

Finalmente, la Coparmex hizo un llamado al Poder Legislativo para reconsiderar estas modificaciones, establecer el diálogo con la sociedad civil, organizaciones empresariales, academia y colegios de abogados, y garantizar que el amparo se preserve como un derecho histórico accesible a todos los ciudadanos.

“Solo con instituciones sólidas, independientes y confiables México podrá mantener la justicia, la libertad, la seguridad jurídica y la competitividad necesarias para proteger los derechos de la ciudadanía, atraer inversiones, fomentar la creación de empleos y consolidar un país en paz y crecimiento”, concluye. ( Agencia SIM )