La denuncia de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) sobre ocho periodistas agredidos durante las protestas en Lima el último fin de semana refleja un problema estructural: la falta de garantías para la prensa en contextos de conflictividad social. De los casos reportados, siete fueron atribuidos a la Policía Nacional y uno a civiles, en medio de movilizaciones contra el Gobierno y el Congreso.

La respuesta oficial, sin embargo, genera más dudas que soluciones. El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, pidió a los reporteros usar identificaciones más grandes, chalecos y micrófonos con logos visibles para ser reconocidos. Aunque la recomendación parece lógica, el trasfondo es preocupante: se traslada la responsabilidad a los periodistas en lugar

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