Si ha habido un muro de contención contra el presidente Gustavo Petro en su Gobierno ha sido el Consejo de Estado. Al menos en lo que se refiere a la honra de las personas que el mandatario ha atacado en distintos escenarios: discursos en plaza pública, redes sociales y alocuciones presidenciales. Una serie de órdenes judiciales en tres años muestran que esa alta corte le ha puesto freno de mano a sus impulsos antidemocráticos.

Si bien el ejemplo más reciente es el fallo de tutela en el que le ordenó al Jefe de Estado retractarse de haber llamado “criminal” al presidente del Grupo Keralty, Joseba Grajales Jiménez, una larga lista de órdenes judiciales muestran que Petro ha estado de retractación en retractación por no medir sus palabras.

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