QUITO (AP) — El ejército ecuatoriano informó el martes que fueron liberados cuatro militares retenidos por manifestantes durante el fin de semana en el marco de un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas.

La fuerza precisó en un comunicado que los uniformados están siendo sometidos a “procedimientos legales, exámenes médicos y revisión del material bélico” luego de lo cual “serán entregados al ejército”.

En una fotografía se observa a los cuatro militares con varios hematomas en el rostro y ropa de civil.

El escrito no detalló los nombres y el lugar donde fueron liberados los uniformados ni identificó a quienes los retuvieron en la provincia de Imbabura, en el norte del país.

El fin de semana en esa provincia, en medio de fuertes protestas en rechazo a la suba del precio del diésel, un manifestante murió, 12 militares resultaron heridos y 17 fueron retenidos, de los cuales aún se desconoce el paradero de 13.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo en el país, inició la semana pasada acciones de protesta, como el bloqueo de vías, para rechazar la eliminación de un subsidio al diésel y el consecuente aumento del precio de ese combustible de 1,80 a 2,80 dólares el galón.

El gobierno argumentó que ese dinero ahora irá directamente a agricultores, pescadores y transportistas, entre otros, mediante bonos en efectivo.

El martes la policía reportó bloqueos intermitentes de carreteras en seis de las 24 provincias del país. En las grandes ciudades el paro indígena ha pasado casi inadvertido.

El gobierno advirtió la víspera que no dará marcha atrás con la eliminación del subsidio mientras los indígenas amenazaron con mantener las acciones de protesta.

El presidente de la Confederación, Marlon Vargas, acudió a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea donde pidió que se inicie un juicio político a los ministros del Interior y de Defensa por violaciones de derechos humanos durante la represión de los indígenas. El pedido fue aceptado de inmediato.

Una eventual sanción podría ser la destitución de los respectivos cargos, pero sin consecuencias judiciales.

Las manifestaciones se producen pese a que el gobierno mantiene un estado de excepción y toque de queda en las provincias de mayor población indígena.