La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las multas aplicadas por la Dirección General de Aguas (DGA) contra una empresa, que suman 105,4 UTM , por modificar sin permiso el cauce del río Claro y extraer agua subterránea de forma ilegal.

En concreto, la empresa había reclamado señalando que nunca fue notificada sobre la delimitación del río como bien nacional de uso público, que la DGA no consideró bien sus pruebas y que las sanciones eran demasiado altas.

En ese contexto, también argumentó que el proceso administrativo había perdido validez por la demora de casi cuatro años en resolver un recurso presentado.

La DGA respondió que se comprobó la existencia de obras no autorizadas que afectaron el paso del agua y una extracción ilegal desde un pozo, lo que está sancionado p

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