La Defensoría del Pueblo de Colombia expresó su preocupación por la propuesta del Gobierno nacional que vincula la participación de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en procesos de verdad con una posible incidencia en las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

Tras la difusión de la Resolución 327 de 2025, Iris Marín Ortiz, titular de la Defensoría, advirtió que vincular la revelación de la verdad de excombatientes con el calendario electoral puede generar efectos directos sobre las candidaturas y abrir la puerta a la instrumentalización política de la justicia transicional.

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“Esa relación instrumental entre la justicia transicional y la campaña política genera un riesgo grav

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