
BOGOTÁ (AP) — Un bloque comercial sudamericano dictaminó el lunes que Perú no está cumpliendo con sus compromisos para frenar la minería ilegal de oro y el tráfico de mercurio, y coincidió con los grupos indígenas que afirman que sus ríos amazónicos y su suministro de alimentos están siendo envenenados.
La decisión de la Comunidad Andina —que incluye a Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia— ordena a Perú que reforme urgentemente sus leyes, confisque maquinaria utilizada para la extracción de sedimentos de los ríos y demás equipamiento de minería, y ponga fin a las extensiones de un registro para mineros informales que, según los críticos, fomenta la ilegalidad.
Es la primera vez que la Comunidad Andina aborda un caso de este tipo y emite una determinación formal en contra de un país miembro mientras las autoridades intentan encontrar mecanismos para reprimir la creciente minería ilegal.
La extracción ilegal de oro se ha extendido ampliamente por la Amazonía a medida que la demanda global y el aumento en los precios del metal hacen que su comercio sea cada vez más lucrativo. Los analistas anticipan que el oro registre ganancias hacia los 4.000 dólares por onza para 2026. El mercurio es ampliamente utilizado para separar el oro del sedimento, pero contamina las vías fluviales, se acumula en los peces y en el cuerpo del ser humano, representando riesgos un particular riesgo entre los niños y las mujeres embarazadas.
Perú tiene 20 días hábiles para cumplir con la decisión y reportar qué medidas ha implementado o planea tomar para reformar sus leyes. De no hacerlo, el caso podría ser remitido al Tribunal de Justicia del bloque, el cual tiene la facultad para imponer sanciones comerciales vinculantes a los Estados miembros.
Una coalición de comunidades indígenas y rurales de la cuenca del río Nanay presentó la denuncia a finales de junio, asegurando que el mercurio de la minería ilegal de oro está envenenando a los peces y ríos en el norte de la Amazonía peruana. Muestras de cabello recolectadas en la zona han revelado niveles de mercurio muy por encima de los límites considerados como seguros por la Organización Mundial de la Salud. Además, los investigadores han vinculado la exposición al mercurio con la aparición de irritaciones en la piel, enfermedades estomacales y daños neurológicos.
"De alguna manera es una respuesta a la demanda de las comunidades afectadas por contaminación por mercurio, y también es un mensaje para los demás países que tienen que hacer los esfuerzos, que tienen que cumplir, y tienen que respetar el derecho de todos a vivir en un ambiente sano y adecuado.”, declaró César Ipenza, abogado ambiental peruano.
Ipenza afirmó que si el país no cumple, quedaría sujeto a sanciones económicas, como aranceles a los productos peruanos dentro de las cuatro naciones andinas. La decisión también podría sentar un precedente y llevar a fallos contra otras naciones, señaló.
Perú ha lanzado redadas ocasionales contra el uso ilegal de mercurio, incluida la “Operación Mercurio” de 2019 en la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y una incautación sin precedentes de mercurio de contrabando a principios de este año en el puerto del Callao. Pero los grupos indígenas afirman que la aplicación de la ley sigue siendo irregular y las redes de corrupción permiten que el comercio de mercurio prospere.
Ni el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, el Ministerio de Cultura ni la oficina gubernamental encargada de supervisar asuntos indígenas respondieron de momento a una solicitud de comentarios de Associated Press.
“Y por otro lado, también es un llamado de atención a los países, destino del oro, que tienen que tener mayor claridad del origen”, subrayó Ipenza.
"Tienen que tener mecanismos de debida diligencia, más allá que sólo un papel que permita evitar el comerciar oro de la destrucción de la Amazonía, de la contaminación y la afectación a derechos fundamentales humanos”, añadió.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.