QUITO (AP) — La Fiscalía de Ecuador presentó el martes una acusación formal en contra de 17 militares, uno de ellos de alto rango, por la presunta desaparición forzada de cuatro menores que fueron hallados muertos en la ciudad portuaria de Guayaquil a finales de 2024.

Durante la audiencia, el fiscal del caso, Christian Farez, detalló las agresiones sufridas por los menores durante el tiempo que estuvieron en manos de una patrulla militar tras ser detenidos, para luego ser trasladados a la cercana población de Taura, 416 kilómetros al sur de la capital.

Los adolescentes, de entre 11 y 15 años, fueron maltratados verbal y físicamente, argumentó el representante del ministerio público, quien detalló que los militares los golpearon de forma violenta, los lanzaron del vehículo en que los transportaban, los desnudaron e incluso uno de los militares “se puso a boxear”, con uno de ellos.

Farez aseguró que un teniente coronel está implicado en calidad de cómplice porque posteriormente a la muerte de los adolescentes dirigió una operación para recoger la ropa de las víctimas, de lo cual no informó a la policía ni a la Fiscalía.

Este proceso ha registrado una serie de retrasos debido a recursos jurídicos presentados por los acusados, cinco de los cuales decidieron colaborar con la justicia para esclarecer el caso, a cambio de beneficios.

Los cuatro adolescentes -uno de 11 años, dos de 14 y otro de 15- desaparecieron de la populosa barriada Las Malvinas, en Guayaquil y a 265 kilómetros al suroeste de la capital, la noche del 8 de diciembre tras jugar un partido de fútbol en esa zona.

El caso se registró casi un año después de que el presidente Daniel Noboa declarara el estado de conflicto armado interno ante la ola de violencia criminal en este país, permitiendo que un bloque de seguridad formado por militares y policías realizasen operativos permanentes en las calles y cárceles.

De acuerdo con un informe militar y videos expuestos por la defensa de los uniformados, los jóvenes fueron apresados por un “posible delito flagrante” y, según esa versión, luego los soltaron cerca de la base militar.

La fiscalía negó que los menores hubieran cometido algún delito.

Días después, en medio de una intensa búsqueda, las autoridades hallaron los restos calcinados de los adolescentes cerca de una base militar.

Las familias de los menores han realizado reclamos y marchas pidiendo justicia. La pena mínima para los responsables de los hechos podría ser de 26 años de cárcel por el delito de desaparición forzada, con agravantes como la tortura de niños y adolescentes.