La jueza María Tardón y el fiscal Julián Salto ignoran las referencias que hace la querella a unas diligencias de la Fiscalía Antidroga donde está recogida toda la actuación de la brigada política en la operación contra Podemos y el entonces europarlamentario Miguel Urbán

El invento bajo secreto de la Policía contra Podemos: Miguel Urbán y 40 kilos de coca en el pub Nueva Visión de Malasaña

Nuevo obstáculo para la investigación de la guerra sucia contra la oposición que se llevó a cabo durante el último Gobierno del Partido Popular. María Tardón, magistrada de la Audiencia Nacional, ha rechazado la querella presentada por Miguel Urbán en relación con el montaje policial que intentó vincularle con el tráfico de cocaína para financiar a Podemos, partido del que fue fundador.

Tardón ha asumido punto por punto el informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al entender que la querella se basa “en meros recortes de artículos de prensa” y no debe ser admitida. La magistrada y el fiscal Julián Salto acuerdan que en este caso es aplicable la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual “no sirve la mera aportación de recortes de prensa o similares, sin más constatación o acreditación”. La decisión de la jueza es recurrible ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Dos de los casos más mediáticos de los últimos tiempos, los que se siguen contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, se abrieron a partir de sendas querellas del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, que se limitaba a adjuntar informaciones periodísticas, algunas de ellas demostradas falsas.

Entre las noticias que recoge la querella de Miguel Urbán aparece una publicada por elDiario.es que detalla cómo las maniobras de mandos policiales contra Urbán y Podemos están reflejadas en unas diligencias de investigación secretas de la Fiscalía Antidroga que terminaron por archivarse. Tal y como consta en la querella, esas diligencias de Antidroga son identificadas con su número, el 4/2016 de la Fiscalía especializada, pero ni el fiscal ni la jueza han optado por reclamarlas.

Este periódico reveló el pasado mayo un invento contra Podemos de la brigada política del PP que permanecía bajo secreto. La Fiscalía Antidroga mantuvo en 2016 abierta durante meses una investigación a partir del relato de un confidente que había asegurado ante la Policía que Miguel Urbán vendió 40 kilos de cocaína a un tercero, con la intermediación del dueño de un mítico pub del madrileño barrio de Malasaña. El confidente llegó a declarar que había visto al entonces europarlamentario trapicheando con droga en las esquinas en varias ocasiones.

La querella de Urbán señalaba al protagonista del montaje, el comisario hoy jubilado José Luis Olivera. En el momento de los hechos, Olivera era director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Olivera se sentará en el banquillo por el intento de la brigada política de sabotear la causa de la caja B del PP, el caso Kitchen. La representación de Urbán solicitaba igualmente la imputación de otro comisario, José Manuel García Catalán, al frente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, UDEF, cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior.

Un semestre de furia contra Podemos

El montaje contra Urbán tuvo lugar en el semestre más intenso de actividad para la brigada política, la primera mitad de 2016. Se trata del periodo de tiempo que transcurrió entre las elecciones de diciembre de 2015 y las siguientes, celebradas en junio de 2016 con la expectativa de que Podemos superara al PSOE en votos y ambos formasen un gobierno de coalición.

El 12 de enero de 2016 había comenzado a fluir la cascada de intoxicaciones para frenar el ascenso de Podemos. Ese día, dos medios de la derecha publicaron un dosier denominado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre la supuesta financiación de Podemos desde Irán y Venezuela. La divulgación del pseudoinforme PISA coincidió con el inicio de los contactos entre partidos para la posible formación de un gobierno progresista.

Sin embargo, la jueza y el fiscal afirman ahora que la querella de Urbán “ni siquiera se concreta la fecha exacta en la que se habrían cometido los delitos”. Las informaciones que adjunta la querella detallan la fecha en la que se firmaron los informes policiales con los bulos sobre Urbán y los distintos escritos de la Fiscalía Antidroga en el marco de las diligencias abiertas.

El auto de la jueza y el informe del fiscal defienden que los delitos de los que habría sido objeto Miguel Urbán habrían afectado a su “esfera privada” y no en el ejercicio de su cargo de europarlamentario, como si los mandos policiales hubieran elegido al fundador de Podemos por algún motivo que no fuera su actividad política y su pertenencia al partido que combatían con métodos irregulares.

A partir de ahí, la jueza Tardón y el fiscal Julián Salto –el primer fiscal que tuvo el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ahora destinado en la Audiencia Nacional– se ponen de acuerdo en que los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional. Ambos aseguran que Urbán no fue víctima en representación de “altas instituciones del Estado” o su “forma de Gobierno”.

La representación legal de Urbán optó por calificar los hechos descritos en la querella como calumnias, intromisión en la intimidad, falsedad documental, malversación y prevaricación. La jueza determina que no son delitos de los que entienda la Audiencia Nacional, destinada al tráfico de drogas, el fraude a gran escala o el terrorismo. Además, el tribunal especializado no podría reclamar su competencia porque se hubieran cometido en el extranjero, añaden.

La Audiencia Nacional ya conocía el montaje de Urbán por otra vía. El Juzgado de Santiago Pedraz investiga las maniobras policiales contra Podemos en una causa propia. En el marco de esa investigación saltó una consulta en bases de datos restringidas que un policía hizo sobre Pablo Iglesias. Resultó que el policía, un agente antidroga, decidió indagar en el líder de Podemos en el marco de una investigación contra uno de sus compañeros de partido, Miguel Urbán, al que un confidente relacionaba con una disparatada venta de cocaína.

El fiscal del caso, Vicente González Mota, informó en contra de la petición de los abogados de Podemos de reclamar las diligencias de Antidroga en el caso de Urbán e incorporarlas al caso de la guerra sucia contra el partido. Pedraz asumió el criterio del fiscal y lo rechazó, pero citó como investigado al policía que dejó rastro con su consulta en las bases de datos.

En la declaración, el policía defendió su actuación, en el sentido de indagar siempre en el entorno de un investigado por tráfico de drogas. En ese punto el fiscal le preguntó si hubiera actuado igual si se tratara de un miembro del PP, introduciendo en las bases de datos el nombre del presidente de ese partido. Pedraz consideró improcedente la pregunta y no dejó contestar al policía. Tras la declaración, el juez archivó la causa contra el agente de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco).

La causa en el juzgado de Pedraz

Miguel Urbán también intentó que el montaje contra él fuera incorporado a la investigación sobre las maniobras que perjudicaron a Podemos, pero el fiscal y el juez Pedraz lo despacharon asegurando que no estaba relacionado con los hechos investigados en su juzgado. En esa causa está imputado el que fuera número dos de Interior con el PP Francisco Martínez y algunos mandos policiales. El comisario Olivera, origen del montaje a Urbán, ha declarado pero en calidad de testigo.

Las indagaciones posteriores a la declaración falsa del confidente sobre la transacción de la cocaína incluyeron consultas a las cuentas bancarias de Urbán. En Podemos creen que se trataba de un puente para acceder a Pablo Iglesias y al partido, pero que la decisión de Antidroga de no seguir adelante con algo tan endeble y sospechoso evitó que las pesquisas fueran filtradas a medios afines al PP, como ocurrió con otras maniobras contra el partido.