Aunque las viviendas de protección pública se venden y alquilan a un precio contenido, esto no evita que también se produzcan impagos o demoras en el abono de las cuotas mensuales. Y la Administración autonómica no se libra tampoco de los ‘morosos’. El pasado año, a 31 de diciembre, la Xunta tenía pendiente de cobro casi 16,4 millones de euros correspondientes a los inquilinos que viven en los pisos gestionados por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) . Esta deuda, de «dudoso cobro», según la clasificación contable atendiendo a los principios de prudencia por tener una antigüedad superior al año, supone un incremento del 16% con respecto a la cifra de 2023 , cuando el año se cerró con algo más de 14 millones de euros pendientes de cobro.

La partida más voluminosa corresponde

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