Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trazó con claridad una de las rutas más contundentes de su administración: la modernización profunda de la Ley Aduanera. No se trata de una reforma administrativa más, sino de una decisión de Estado que busca sellar los vacíos legales que por años han permitido la evasión, el contrabando y el huachicol fiscal en las aduanas mexicanas.

Desde Palacio Nacional, el mensaje fue inequívoco: México no será rehén de la corrupción en sus fronteras, ni cómplice de quienes abusan de los privilegios del comercio exterior para evadir sus responsabilidades fiscales. La presidenta fue categórica: “No habrá tolerancia ni complacencia; el país necesita orden, legalidad y justicia tributaria”.

Durante décadas, las aduanas han sido territorio de privilegio

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