El Juzgado de Puerto Aysén con competencia laboral acogió una demanda de tutela por vulneración de derechos fundamentales interpuesta por una funcionaria del Servicio de Salud Aysén, tras comprobar que fue sometida a cambios unilaterales en sus condiciones laborales que le provocaron un trastorno adaptativo de origen laboral. La sentencia condena al empleador a una indemnización de $30 millones, restituir su grado profesional y realizar disculpas públicas.

La magistrada Mónica Coloma Pulgar estableció en el fallo (causa rol 16-2023) que la funcionaria, Cristina Elizabeth Ovando Ovando, fue objeto de cambios abruptos en sus condiciones de contratación, pérdida de grado y asignación de funciones no acordes a su perfil profesional. Estas acciones generaron inestabilidad laboral y afectaron s

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