La Defensoría del Pueblo denunció que contratistas de la Alcaldía de Medellín habrían recibido órdenes de intervenir y disolver protestas a favor del pueblo palestino, pese a no tener facultades legales para hacerlo. La defensora Iris Marín alertó que algunos gestores de convivencia fueron presionados con la amenaza de perder sus contratos si no cumplían estas directrices, lo que constituye una posible extralimitación de funciones y podría generar sanciones disciplinarias y penales .

El presidente Gustavo Petro se pronunció en X respaldando la denuncia y señalando que las acciones descritas equivalen a hostigamiento contra manifestantes pacíficos. La Defensoría recordó que los gestores no pueden usar la fuerza ni actuar en protestas, y que cualquier instrucción en ese sentido es irr

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