El Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) ha dado de baja a 384 personas que se habían empadronado de forma irregular por no acreditar "una residencia efectiva" en el municipio. Es el balance de los primeros seis meses de aplicación de la ordenanza contra ese fraude aprobada por el pleno municipal.
La ordenanza surgió como respuesta al incremento de casos de inscripciones fraudulentas que "distorsionaban el censo municipal y generaban un uso indebido de los servicios públicos", según el consistorio. La supervisión de la documentación corre a cargo de la Comissió del Padró, un órgano técnico que analiza los datos, estudia caso por caso y propone medidas correctoras.
El alcalde del municipio, Dani Mauriz, subraya que "el padrón debe reflejar la realidad del municipio" y defie