En la Provincia de Santa Cruz, el Gobierno que asumió en diciembre de 2023 tomó la decisión de implementar cambios en la estructura del Poder Judicial, que fue ejercida por los poderes Ejecutivo y Legislativo a través de la sanción, promulgación y publicación de la Ley N° 3949, mediante la cual se aumentó de cinco a nueve los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Pudo ser una medida cuestionable desde lo político o presupuestario, pero no reprochable desde el punto de vista de la legalidad, debido a que intervinieron los órganos a los que la Constitución Provincial confiere aquellas atribuciones.

En días recientes leímos con asombro que cuatro de los históricos integrantes del TSJ han emitido algo parecido a una decisión judicial (no lo es por ausencia de integración con e

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