El fiscal provincial titular Carlos Alberto Franco Alzamora logró acreditar, con material probatorio contundente en juicio oral, la participación de una red criminal en la trata y explotación sexual de una menor de nacionalidad venezolana.

La agraviada fue captada en su país de origen con la falsa promesa de un empleo como mesera, que incluía su traslado y estadía en el Perú. La víctima, engañada por los imputados, viajó a la ciudad de Chimbote, donde fue recibida por integrantes de la red criminal y sometida inmediatamente a explotación sexual.

La menor fue despojada de sus documentos y quedó bajo el control de los acusados, quienes la obligaron a ofrecer servicios sexuales en la vía pública bajo amenazas de muerte contra ella y su familia. Los sentenciados vigilaban constantemente sus

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