El Foro Feminista de Castilla y León denunció que el 12,95 por ciento de las interrupciones voluntaria del embarazo de residentes castellanos y leoneses se realiza fuera de la Comunidad y que la financiación varía por provincia. “Esto es una realidad”, sentenciaron.

En este sentido, indicaron que el recurso a la objeción, así como la derivación a centros privados, “pueden convertir un derecho en un trámite con costes añadidos (económicos, de desplazamiento, tiempo, exposición al estigma)".

La organización afirma que informes periodísticos y pronunciamientos del Ministerio muestran “tensión entre garantizar prestación pública y que comunidades mantengan predominio privado". Así, recalcan que “colectivos feministas denuncian que la objeción se usa como coartada” lo que ”reproduce la lógica

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