En silencio y sin comunicados oficiales, el Ministerio de Seguridad de la Nación inició una reestructuración profunda de los Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICRE), unidades clave para el monitoreo del narcotráfico y las redes criminales en distintas provincias del país.

La orden partió de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), a cargo de Ramiro Anzit Guerrero, hombre de confianza de Patricia Bullrich. Según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes oficiales y testimonios de agentes, la medida implicó el cierre o traslado de oficinas en Salta, Tierra del Fuego, Chaco, Córdoba y Mendoza, además de reubicaciones forzadas de especialistas con conocimiento directo de los territorios más afectados por el tráfico de drogas.

Los CICRE fueron creados durante la prim

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