El Tribunal de Cuentas ha alertado de que, además de la poca vivienda pública que se construye en España, se está elevando sin un « estudio de demanda de vivienda ». Es decir, que cuando se crea vivienda pública, no se hacen todas las comprobaciones convenientes para evitar el derroche de dinero público en lugares donde no se necesitan esas viviendas.

El órgano fiscalizador de las administraciones públicas ha presentado su informe sobre la « actividad de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo en la ejecución de vivienda pública», entre 2018 y 2023.

Una de las conclusiones a las que llega este documento, tras analizar varios proyectos de planificación de construcción de vivienda pública , es que no se indaga en si realmente se necesitan pisos públicos en ese lugar concreto. «Se recomienda a SEPES que incluya un estudio de demanda de vivienda de los posibles emplazamientos geográficos», advierte el Tribunal de Cuentas.

Además, se insta a establecer «criterios para la priorización de las diferentes alternativas , estime unos plazos de ejecución realistas y haga un seguimiento para que lo ejecutado se ajuste a lo planificado, de manera».

Y es que, a sus ojos, todo ello es necesario para «que las actuaciones emprendidas resulten eficaces desde el punto de vista de utilización de los recursos económicos y del cumplimiento del objetivo de dar respuesta en tiempo y forma a la demanda de vivienda , en particular, de alquiler asequible ».

Es decir, para que no se malgaste el dinero público en la creación de vivienda pública para que, posteriormente, no se ocupen los pisos que se han construido.

Sin demanda en la España vaciada

El órgano fiscalizador de la actuación pública señala varios ejemplos en los que sucede este problema. Concretamente, se refiere a la creación de viviendas en Mieres (Asturias) , donde el 30% de los pisos no se han conseguido ocupar.

«La falta de demanda en el ámbito geográfico de la actuación ha determinado que SEPES haya tenido que llevar a cabo sucesivas disminuciones de los precios de venta de las viviendas sin que, no obstante, se haya conseguido vender la totalidad de la promoción», señala el informe. Es decir, que ni bajando los precios se ha encontrado comprador.

Además, advierten que no sólo se deja de ingresar una cantidad concreta tras la inversión inicial, sino que se tienen que « afrontar costes adicionales de conservación de las viviendas para mantenerlas en condiciones de venta».

Estas mismas situaciones se repiten en otros lugares de la geografía española. Entre los puntos señalados están Guadalajara, Ceuta, Utiel (Valencia), Navalcarnero o Santiago de Compostela .

Además de todo ello, el Tribunal de Cuentas también ha señalado problemas en la contratación de empresas para las actuaciones urbanísticas. «Se han producido incidencias relevantes en la ejecución de algunos de ellos», subraya el órgano fiscalizador. El informe indica que estas medidas «han condicionado el desarrollo de la actuación urbanística y, por ende, el cumplimiento de objetivos ».

Poca oferta de vivienda pública

La Unión Europea le dio un tirón de orejas a España por la poca oferta de vivienda pública y asequible. La Comisión instó al Gobierno a incrementar su oferta de este tipo de hogares, ya que ésta se sitúa «muy por debajo» de la media de la Unión Europea.

Y es que, según el propio Gobierno, se ha «conseguido en este último año pasar del 2,5% al 3,44% del parque público», pero sigue estando muy lejos del 9% de media en la UE .

Es más, en la primera mitad de año, han sido aprobadas 2.497 viviendas de protección oficial (VPO) en España. Esta cifra representa una disminución del 3,52% respecto al mismo periodo del año 2024.

La construcción de vivienda social se ha venido frenando en los últimos años, lo que ha provocado su caída drástica en la última década. Ahora, apenas se construyen 8.000 unidades al año de media en la última década, frente a las 60.878 que se construían hasta 2012.