La reciente denuncia pública del juez de control Elmer Lerma Fontes en Parral Chihuahua, ha encendido una alarma que resuena mucho más allá de los tribunales locales. Lo que parecía ser una audiencia rutinaria de vinculación a proceso se transformó en un acto de profunda valentía judicial y en la exposición cruda de una práctica que erosiona la democracia: la injerencia política en la justicia.

El juez Lerma reveló haber recibido presiones directas del magistrado Gerardo Acosta para evitar la vinculación a proceso de Fernando Ramírez, acusado de homicidio en grado de tentativa. Lo grave no se limita al delito imputado, sino a la identidad del imputado: Ramírez es hermano del presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez. Este es un caso de libro sobre el riesgo de la impunidad por

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