**¡Escándalo en el Congreso! Denuncias contra Boluarte son inconstitucionales** La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha declarado que el archivo de las denuncias constitucionales contra la expresidenta Dina Boluarte, realizado por el Congreso, es inconstitucional. En una entrevista con RPP, Espinoza afirmó que "el Congreso no puede actuar de manera antojadiza, tiene que basarse en un debido proceso". Las declaraciones de Espinoza surgen tras las afirmaciones del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien indicó que no era posible reabrir las denuncias archivadas, a menos que la Fiscalía presentara nueva evidencia contundente. Gálvez explicó que existe una figura legal denominada "cosa decidida constitucional" que impide la reactivación de estos casos en el Congreso. Espinoza expresó su preocupación por las afirmaciones de Gálvez, señalando que estas estarían al margen de la Constitución. "Me preocupan algunas afirmaciones que se están haciendo al margen de lo que realmente la Constitución ordena", dijo. La fiscal suspendida argumentó que los tres casos archivados por el Congreso debieron ser suspendidos y no archivados, ya que, según el artículo 117 de la Constitución, solo se puede acusar a un presidente en ejercicio en cuatro situaciones específicas. "Los señores del Congreso han ido más allá de lo que dice el artículo 117 de la Constitución", afirmó Espinoza. Según ella, el Parlamento ha actuado como juez al evaluar las denuncias presentadas por el Ministerio Público, lo que considera una extralimitación de funciones. Espinoza también destacó que la "cosa decidida" mencionada por Gálvez no tiene efectos jurídicos, ya que el Congreso no respetó el debido proceso al archivar las denuncias. "El Congreso de la República no puede actuar de manera antojadiza. Tiene que basarse en un debido proceso", enfatizó. Finalmente, la suspendida fiscal anunció que el 14 de octubre se resolverá el proceso de amparo que interpuso contra su destitución por parte de la Junta Nacional de Justicia. Espinoza confía en que se reconozcan sus derechos fundamentales, afirmando que todo lo que ha ocurrido en su caso es "absolutamente ilegal e inconstitucional".