Ciudad de México.— La reforma a la Ley de Amparo, presentada por el Ejecutivo Federal y ya turnada a la Cámara de Diputados, redefine el alcance de uno de los instrumentos jurídicos más importantes del país. Aunque su objetivo formal es “modernizar y digitalizar la justicia”, el texto plantea cambios de fondo en materia fiscal y de prevención de lavado de dinero, donde el derecho a la suspensión de actos de autoridad quedaría severamente restringido.

El análisis elaborado por Gerardo Carrasco Chávez, abogado especialista y socio del despacho Soledad & Carrasco, advierte que la iniciativa “amplía la capacidad coercitiva del Estado bajo un esquema de prohibiciones absolutas”. Si se aprueba en los términos actuales, los juzgados no podrán conceder suspensiones provisionales cuando las operac

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