El secretario general del PSOE de Cantabria , Pedro Casares, ha salido al paso de las críticas contra su secretario de organización y exalcalde de Cartes, Agustín Molleda , y su hermana, tras conocerse que ambos obtuvieron plaza fija como trabajadores municipales durante el mandato del primero. Casares considera que el proceso fue «legal, ético y transparente», según ha manifestado este lunes.

¿Estabilización o puerta giratoria?

La situación, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria desde 2022, ha levantado polvareda por la aparente coincidencia de intereses entre gobernante y beneficiarios. Según el propio Casares, los trabajadores afectados llevaban entre 10 y 12 años en el Ayuntamiento antes de que Molleda accediera a la Alcaldía.

Sin embargo, el hecho de que el proceso incluya a familiares directos de cargos políticos reabre el eterno debate sobre la utilización partidista de la función pública . La transparencia institucional y la ética en el ejercicio del poder están nuevamente bajo escrutinio ciudadano.

Reacción en el PSOE y malestar interno

Dentro del propio PSOE hay voces críticas. La diputada nacional Noelia Cobo , que precedió a Molleda al frente de la organización regional, ha mostrado malestar, mientras que Casares ha rechazado debatir la cuestión en medios. «Hay foros internos para eso. Yo no contribuiré al desgaste público del partido», afirmó.

El discurso del agravio

Casares justificó la situación con un viejo argumento: «Los políticos también tienen derechos laborales». Pero lo que no aclaró es si esos derechos deben ser gestionados por ellos mismos desde cargos de poder . Ese matiz es clave y es donde muchos ven una línea roja cruzada .

Legal no siempre es ético

El proceso se ampara en la normativa nacional de estabilización de interinos, pero la oportunidad, el parentesco y la condición política de los beneficiarios transforman lo legal en potencialmente reprobable. La ciudadanía, que soporta los costes de un sector público hipertrofiado, espera más control y más ejemplaridad.

El problema no es la ley, sino cómo se usa

Esta situación no es aislada. Como señalan diversas asociaciones cívicas, la falta de mecanismos de fiscalización independiente y la normalización del clientelismo estructural en ciertos ayuntamientos de Cantabria socavan la confianza en las instituciones .

Transparencia, algo más que publicar en el BOC

Publicar un proceso en el Boletín Oficial no lo convierte en legítimo a ojos de la ciudadanía. La transparencia real exige rendición de cuentas, comparecencias claras y distancias entre lo público y lo privado . Y eso, de momento, no ha ocurrido en este caso.

El poder político debe estar al servicio de la ciudadanía, no de los propios partidos. Lo sucedido en Cartes no es un caso de derechos laborales , sino de conflicto ético y de desconfianza pública . Y mientras nadie aclare, el silencio solo amplifica la sospecha.