A más de un año de la tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en el antro “Rich”, ubicado en Plaza Alttus, los padres de familia de las víctimas exigieron a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE)

ampliar las investigaciones

para incluir a los servidores públicos que, por acción u omisión, habrían permitido las condiciones que derivaron en el fatal incidente.

Hasta el momento, la carpeta de investigación abierta por la FGE incluye sólo a tres personas vinculadas con la propiedad y operación del establecimiento. No obstante, los familiares sostienen que el caso debe abordarse desde dos niveles de responsabilidad: la de los particulares y la de las autoridades que otorgaron permisos o incumplieron con la supervisión de medidas de seguridad y protección civil.

“No se trata

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