El Tribunal Supremo ha decidido dirigirse al Parlamento Europeo para que suspenda la inmunidad de Luis 'Alvise' Pérez y poder seguir investigándole por financiar ilegalmente su candidatura a los últimos comicios europeos. El juez Julián Sánchez Melgar entiende que la eurocámara debe dar el visto bueno a seguir adelante con la causa al considerar “poco verosímil” su versión de los hechos : que los 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo le pagó en efectivo no era para financiar su candidatura sino como contraprestación por participar en un acto de su plataforma de inversiones. El juez apunta a dos delitos: financiación ilegal y delito electoral.

Se trata de una de las cuatro causas que el Tribunal Supremo mantiene abiertas contra el líder de 'Se Acabó La Fiesta', que hace unos días lanzó su candidatura a las próximas elecciones generales en un palacio de Vistalegre que no consiguió llenar, proponiendo medidas como las macrocárceles que El Salvador. También está investigado por hostigar a una fiscal de València, por promover el acoso a sus propios eurodiputados y por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia.

En este caso, tal y como reveló elDiario.es, el político y agitador de extrema derecha está investigado por financiar su candidatura de las últimas elecciones europeas con los 100.000 euros que Álvaro Romillo, empresario de las criptomonedas y también imputado por el colapso de su club de inversiones, le dio en Madrid pocas horas antes de que empezara la campaña electoral de Alvise. El propio Romillo lo reconoció por escrito y lo ratificó en su declaración como investigado.

El juez anuncia que pedirá el suplicatorio y revela que las explicaciones de Alvise sobre el origen y el destino de ese dinero no son creíbles. Ante el juez, afirmó que esos 100.000 euros en efectivo eran un pago de Romillo por haber participado en un acto de su plataforma de inversiones en el Hipódromo de La Zarzuela. Algo “a todas luces por verosímil”, dice ahora el juez después de escuchar tanto sus explicaciones como las de Romillo.

Ese dinero, añade el juez, “no se documenta, se mantiene opaco, y se utiliza para fines electorales, lo que supone una forma de proceder que desequilibra el buen funcionamiento electoral”. Actuaron tratando de aprovechar “influencias futuras” ayudando a Alvise a obtener el escaño, rompiendo “el bien jurídico protegido que lo es la limpieza y transparencia electoral”.